El “Baja California Gate” afrenta a la democracia
Un error, no sólo de técnica jurídica sino también de pericia política, sin mencionar la falta de sentido común, se conjugan en la reciente reforma aprobada en Baja California.
Un error, no sólo de técnica jurídica sino también de pericia política, sin mencionar la falta de sentido común, se conjugan en la reciente reforma aprobada en Baja California.
En el tema de la planeación de la zona metropolitana de la Ciudad de México, parece que se están confundiendo conceptos y objetivos, algo que puede resultar costoso para la ciudad.
Tal parece que el respeto a los derechos humanos en el ámbito migratorio, se ha quedado únicamente en el discurso, en contraste con la militarización que estamos atestiguando.
Garantizar la paridad de género en todos los actos de gobierno, es un primer paso en la dirección correcta para promover los derechos de las mujeres.
Los riesgos que conlleva la Guardia Nacional se harán visibles muy pronto, por lo pronto su diseño reafirma el centralismo que ha caracterizado las decisiones de gobierno desde hace varios sexenios.
La nueva Reforma Educativa dejó más interrogantes que certezas, a pesar de los discursos triunfalistas de que con esto se eliminaba la reforma anterior.
Entre el derecho de réplica y un “memorándum” de comprensión, el presidente que no entiende lo que es respetar la Constitución y los derechos que de ella emanan.
Legislar desde el poder para preservar el poder pervierte los mecanismos de participación ciudadana y es evidente que, en este caso, se pervierte la figura de revocación de mandato.
Más que un presidente que desconoce sobre el tema, tenemos un gobernante machista. Un gobernante que opta por abandonar a las mujeres que más lo necesitan, a las que se ubican en pobreza urbana, a las trabajadoras domésticas, a las obreras, a las de intendencia,
López Obrador ve en la sociedad civil una amenaza a su hegemonía pública. Porque además parece que no la conoce, no la palpa ni la entiende, por eso le teme.
La idea de una nueva Constitución no puede quedar al capricho de un gobernante.
La prisión preventiva es una medida que atenta contra la presunción de inocencia.
Un jurista con un verdadero compromiso en pro de los derechos humanos y la técnica necesaria para hacerlos efectivos.
Gobiernos van y vienen pero, en todo esto, lo que nos queda como ciudadanos es consolidar el Estado de derecho en nuestro país.
Si bien la propia Constitución establece el “tope salarial”, lo cierto es que no existen elementos objetivos para determinarlo.
Ojalá venga una ola de amparos que denote la madurez de una sociedad consciente de sus derechos.
La falta de institucionalidad y sustento jurídico de las decisiones tomadas puede generar un daño irreparable a la administración entrante.
El actual presidente del Tribunal insiste en su pretensión y busca no solo reelegirse, sino además hacerlo por 3 años.
Del artículo 35 de la Constitución local se desprende que la reelección en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no sería válida.
Quienes ahí están tienen un papel estabilizador y de armonización de la sociedad, dictando fallos de última instancia.