El núcleo de la imputación contra Aguirre Rivero se relaciona con su presunta responsabilidad en acciones destinadas a obstaculizar la investigación del caso Ayotzinapa, ocurrido durante su administración en septiembre de 2014.
Al descartar esa hipótesis por falta de pruebas, la CNDH modifica uno de los principales ejes discursivos que acompañaron la movilización de familiares, organizaciones civiles y sectores políticos de izquierda.
Ninguna aporta información nueva sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Tampoco acerca a sus familias y la verdad que llevan casi doce años reclamando. Lo que sí hacen es modificar el contexto institucional de uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México.
En casi once años, los avances concretos son mínimos. Solo se han identificado los restos de tres estudiantes, mientras que el paradero de los demás permanece desconocido.
Las manifestaciones feministas no han sido las únicas afectadas por la presencia de personas –la mayoría de las ocasiones, encapuchadas– que se dedican a realizar actos vandálicos a su paso.
La más reciente es la resolución del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, que negó el amparo solicitado por los padres y madres de los normalistas desaparecidos.
Detrás del campo de exterminio en Teuchitlán hay un responsable político. Está la conducta criminal, la omisión, impunidad y protección a la delincuencia organizada.
La falta de avances significativos en la investigación ha generado descontento y desconfianza en el sistema judicial. Las familias de los normalistas continúan exigiendo justicia y respuestas claras sobre lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014.
Como ha ocurrido en otras ocasiones, las reuniones entre ambas partes no evitan las movilizaciones violentas de algunos normalistas, como ocurrió el 12 de septiembre, cuando lanzaron petardos a las instalaciones del congreso del Estado.
Es una falacia la elección por voto universal de sus integrantes, dado que solo habrá una lista o planilla única elaborada desde el gobierno, una “elección” al estilo soviético, donde no hay varias candidaturas.
Por primera ocasión los padres de los de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014, sostuvieron una mesa de diálogo con representantes del gobierno estatal a puerta cerrada en Casa Guerrero…
La acción violenta realizada el 8 de abril fue en protesta por la designación de Ludwig Marcial Reynoso Núñez como asesor de la Secretaría General de Gobierno, y de Francisco Rodríguez Cisneros como subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos al ex director de Gobernación, quienes criminalizaron al estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta, asesinado por policías el 7 de marzo en Chilpancingo, en la salida hacia Tixtla.
Hace casi diez años, la desaparición de 43 estudiantes normalistas y las movilizaciones iracundas obligaron a la separación de Ángel Aguirre Rivero como gobernador de la entidad.
Más que la denuncia de miles de casos de estafa, es decir de hacer lo contario a lo prometido como opositor y en cada una de sus campañas, es conveniente intentar explicar cómo opera el mecanismo o la lógica de sus seguidores…
Hace algunos años se publicó el libro de Carlos Mosnsivais y Julio Scherer, Parte de Guerra, donde se culpa al Estado Mayor y a LEA de ser los culpables de la masacre en Tlatelolco, siempre he combatido dicha “teoría”.
A lo largo de las investigaciones lo que ha quedado de manifiesto es la confabulación de las autoridades con agentes del crimen organizado; el uso del aparato del Estado para ocultar los hechos…
Este escenario no debe descartarse, dado el inmenso poder que les ha otorgado el presidente Andrés Manuel López Obrador y se desmedida defensa ante los crímenes que ha cometido, como la masacre de 1968.
También en el caso Iguala, con nuevos bríos, se revive la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa como bandera política en la víspera de que se cumplan nueva años del acontecimiento…
Lagos de Moreno marcará el final del sexenio de López Obrador y tal vez de todo su gobierno. No sólo por tratarse de un crimen indescriptible sino por la indolencia cínica de un presidente que prefirió evadir su responsabilidad y salvar su ego a tomar decisiones contra los criminales.
El quinto informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, (GIEI) presentado por Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristaín corrobora lo acontecido en las primeras investigaciones del caso…
