La pregunta no es si los jueces deben responder por sus actos. Desde luego que deben hacerlo. La corrupción, el hostigamiento y el abuso dentro de los tribunales también vulneran derechos y requieren sanciones.c
Esos cuerpos normativos no pueden confiar la función interpretativa de la Constitución a una autoridad que es inferior y que no tiene la calidad de ser Poder en el sentido constitucional. El acuerdo, a todas luces, es anticonstitucional.
Sin embargo, también ocurre lo contrario al evaluar sistemas cerrados y autoritarios ante el funcionamiento del gobierno y las restricciones a la oposición que limita la efectividad en los procesos democráticos…
La calificadora Fitch, por ejemplo, ha advertido que la confianza de los inversionistas en México está influida por el Estado de derecho, la estabilidad regulatoria y la incertidumbre relacionada con el entorno político y comercial.
El incremento y la expansión de este estilo de hacer política, de formular opinión, de hacer crítica es agente eficiente de la polarización y la confrontación implícita para la siguiente jornada electoral…
En estos días hemos visto como la sucesora y heredera de AMLO ha asumido las mismas funciones: la de hablar y hablar; y, además, las que son propias del ministerio público federal: ha dejado a salvo de responsabilidad a la señora Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora morenista de Baja California.
En México, la praxis política reciente ha provocado una severa distorsión cognitiva al bautizar con esa misma palabra a un modelo de impartición de justicia que opera en sentido opuesto: la llamada “Justicia del Bienestar”.
La experiencia comparada enseña que los sistemas judiciales más sólidos son aquellos que resisten las tentaciones de captura política y que, al mismo tiempo, se someten a mecanismos de mejora continua.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5506/2024 se inserta de lleno en ese debate y fija una línea que, más allá de su relevancia técnica, tiene implicaciones profundas para la manera en que entendemos la justicia en un país marcado por la desigualdad.
Señora presidenta de la República: no es posible que usted pase por alto tanta ignorancia; es inadmisible que vea, sin protestar, tanta ridiculez en la que cayó el poder que tiene enfrente, cruzando la calle de Corregidora…
La doctrina califica a la Constitución de Norma de normas; con ello quiere significar, entre otras cosas, que en el orden normativo existen jerarquías; que ella es de naturaleza suprema y que el resto del aparato legal es secundario…
No se trata de una cuestión personal, sino de la apariencia de imparcialidad que debe rodear a todo órgano jurisdiccional y, con mayor razón, al tribunal constitucional del país.
Toda persona debe conducirse con sencillez y transparencia, pero aún más si ese individuo ostenta algún cargo público. El no hacerlo ayuda a que se siga germinando lo que hoy es una constante: favoritismos, simulaciones, privilegios…
El Estado mexicano se acercaba cada vez más a lo que nuestra Constitución establece como principios fundamentales de una república democrática, representativa, federal y laica…
El contraste es evidente: un teórico de los límites al poder frente a un juzgador que, lejos de actuar como contrapeso, terminó justificando el nuevo régimen.
De hacerlo así, la discusión política y académica podría orientarse hacia la doble meta de revitalizar los valores liberales que animaron los trabajos de la Conferencia de San Francisco (1945) y consolidar un orden mundial sustentado en reglas.
El amparo, en tanto figura central del sistema jurídico mexicano, ha destacado como un instrumento de protección frente a excesos o arbitrariedades del poder público.
En la reforma constitucional de 2011, se modificó el artículo 107, I, en el sentido de aceptar para la procedencia del juicio de amparo el interés legítimo. Figura que se reglamentó en la Ley de amparo de 2013.
Llega el momento en que los abogados necesitamos hacernos escuchar, no como un erudito teórico del derecho; sino como el profesional que diagnostica un problema y tiene el deber social de advertir su gravedad.
Desde luego que las administraciones de Morena cargan y cargarán con la responsabilidad de la comisión de estos ilícitos contra los ingresos públicos por la ausencia de integridad de quienes hayan participado…
