35 años de derrotas obreras
Han asesinado el fundamento la justicia social de la Constitución de 1917.
Han asesinado el fundamento la justicia social de la Constitución de 1917.
Los supuestos “tiburones” sometidos a proceso resultan simples charalitos.
Buscan crear distractores que oculten sus desaciertos y responsabilidad en el daño ocasionado a los recursos y riquezas nacionales.
Sin excepción, todos partidos comparten la teoría capitalista del libre mercado.
Le gusta compartir millonarias prebendas pero no asumir responsabilidades.
La mayoría de quienes otorgaron su anuencia ni siquiera analizaron los pormenores de la reforma energética y sus leyes secundarias, ni midieron sus consecuencias.
La promesa de bajar las tarifas eléctricas no se ha cumplido.
El cierre de la refinería de Azcapotzalco nada tuvo que ver con asuntos ambientales.
Las huellas de su complicidad están por doquier y deberán compartir las culpas de esta innegable traición a la patria.
Bajo la “falsa austeridad”, se ha acentuado la mala distribución del ingreso y las desigualdades sociales.
El recorte al campo terminará por dejar la población rural del país, a merced de la delincuencia organizada.
El discurso revolucionario y humanista del comandante Fidel Castro debe ser retomado como la bandera de lucha de los oprimidos de todo el mundo.
Quedaron, como en años anteriores, la reactivación de la economía y las apremiantes necesidades de la población.
Los manipulados contenidos de los medios de comunicación los que nos han impuesto patrones culturales extranjerizantes.
Se ha dado un retroceso precisamente a la contratación colectiva y al acceso a la seguridad social.
Esta lucha, digna en todos los sentidos, pronto retumbará en el Congreso.
La sociedad debe estar al alba para evitar un nuevo quebranto a sus derechos.
Los números rojos han tomado cartas de naturalización en el sector oficial.
Una vez más los cancerberos del duopolio televisivo en el Senado, con Javier Lozano Alarcón a la cabeza, recurrieron a las malas artes legislativas para librar a Televisa y TV Azteca de una multa de alrededor de 400 millones de pesos que deberían sufragar por haberse negado a invertir en la digitalización de sus 500 estaciones de baja potencia en el país, retrasando por un año el apagón analógico que amenazaba, además, con cancelarles a las empresas privadas un importante número de concesiones.
Criminalizar la protesta social, vía la complicidad de los medios de comunicación, se ha tornado en la salida más fácil para evadir la solución a los grandes problemas nacionales. Disentir o ir en contra de una política autoritaria o de imposiciones que anula el diálogo y el respeto al Estado de derecho, es comprar un boleto seguro a la represión y a la privación ilegal de la libertad.