Impunidad crónica
El 2 de octubre y el caso Ayotzinapa están unidos por un hilo conductor: no se ha castigado a los autores intelectuales y materiales de estas tragedias.
Lucha contra la impunidad
Crónica, sistemática y estructural, campea a lo largo y ancho del territorio nacional.
Cotos de impunidad
El Estado —dice la Corte— no está obligado a indemnizar a las personas que han sido consignadas y encarceladas con base en pruebas ilícitas.
Sufrimiento en materia de derechos humanos
Ningún responsable directo o por cadena de mando ha sido sancionado por haber producido o avalado partes oficiales fraudulentos.
Sometimiento a las cadenas de la ilusión
La grave crisis de derechos humanos en la que se halla inmerso el país ha sido evidenciada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Comité contra la Tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias internacionales.
Incongruencia presidencial
La actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) deriva causalmente de una serie de actos jurídicos suscritos por representantes del gobierno federal. El primero de ellos es el acuerdo de asistencia técnica para la investigación de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, firmado con la OEA el 12 de noviembre del 2014, cuyo propósito es garantizar el cumplimiento de la medida cautelar 409-14, emanada de la resolución 28/2014, de fecha 3 de octubre del 2014, mediante la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio entrada a la denuncia interpuesta por los padres de familia de los estudiantes y requirió al Estado mexicano que adoptara las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de las víctimas, incluyendo la determinación de su paradero.
Cultura de la muerte
Las violaciones a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad, incluyendo a las fuerzas armadas, ha sido una constante a lo largo del tiempo. Así lo demuestran las crueles matanzas estudiantiles de 1968 y 1971, las torturas y desapariciones forzadas de opositores políticos que tuvieron lugar durante la guerra sucia, las horrendas masacres de Acteal, Aguas Blancas, el Charco y el Bosque, la agresión a los pobladores de Atenco y las más de cien mil vidas humanas segadas en el contexto de la guerra antinarco.
Ayotzinapa, doble discurso oficial
La historia de vida del vínculo entre el Estado mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Drechos Humanos (CIDH) ha estado marcada por el desencuentro. En un primer momento, cuando los personajes internacionales solicitaron entrevistarse con los integrantes del batallón de Iguala, la negativa oficial fue rotunda y poco comedida, sobre todo aquélla que provino de elevadas atalayas castrenses.
Ayotzinapa se internacionalizó
El Estado mexicano suscribió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un acuerdo que contiene diez compromisos específicos relacionados con el caso Ayotzinapa, de los cuales destacan por su relevancia la asunción de las más de 200 observaciones plasmadas en el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la reorientación de la investigación bajo los lineamientos que fijarán dichos expertos.
Quiebre estratégico de timón
Tres acontecimientos acentuaron la percepción de que estamos inmersos en una muy preocupante crisis humanitaria, patología que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso de manifiesto al término de sus visitas.
Cambiar la mentalidad castrense
La ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han insistido en la necesidad de que el Estado mexicano asuma e instrumente las medidas contenidas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Tal insistencia no es una conjura de los necios, ni un capricho o una necedad. El contexto corrobora la veracidad de este aserto:
No aguantamos más disimulos
La delicada situación que impera en nuestro país en el ámbito de los derechos humanos ha sido subrayada a lo largo del tiempo por diversos órganos de las Naciones Unidas, como el Mecanismo de Evaluación Periódica Universal, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Relator Especial contra la Tortura, el Relator contra las Ejecuciones Extrajudiciales y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas.
Grave crisis de derechos humanos
Severos extrañamientos en contra del Estado mexicano han sido formulados, entre otros órganos, por el Relator Especial contra la Tortura, el Relator contra las Ejecuciones Extrajudiciales, el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Comité de los Derechos del Niño. Tal es el contexto que rodea la presencia en nuestro país de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Más de lo mismo
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana produjo una gran reacción en el ámbito internacional. La ONU hizo suyas las conclusiones y solicitó al gobierno el replanteamiento general de la investigación. El secretario general de la OEA asumió como propio el informe y aseguró que es una importante contribución a la lucha contra la impunidad. Otro tanto hizo el nuevo líder del partido laborista inglés en una carta dirigida al embajador mexicano en Londres.
Verdad base cero
Verdad y Estado constitucional es un bello libro del jurista alemán Peter Habërle en el que se postula la tesis de que el paradigma del Estado constitucional es el resultado de un proceso cultural que tiene como luz orientadora la consecución de la verdad. Su antítesis son los Estados totalitarios o fascistas cuyo empeño mayor es precisamente la alteración o la negación de la verdad.
Kant diría crítica de la razón cínica
Un hondo impacto social causó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A lo largo de sus páginas se evidencia que la indagatoria de la Procuraduría General de la República acusa inconsistencias, falencias, omisiones y manipulaciones.
Problema que se soslaya, estalla
En el mensaje presidencial emitido el 2 de septiembre desde Palacio Nacional se consignó que durante el año pasado se registraron sucesos que generaron molestia e indignación en la sociedad, como los ocurridos en Iguala. Lo que no se dijo es que el maremágnum de protestas nacionales e internacionales se debió, entre otras razones, al hecho de que la barbarie de que fueron objeto los estudiantes de Ayotzinapa evidenció que las desapariciones forzadas son una práctica generalizada, tal como lo advirtió meses antes el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, y que el territorio nacional está literalmente plagado de fosas clandestinas, lo que se corrobora con el hallazgo en un rancho de Nuevo León de los restos de cuando menos 31 personas.
Desapariciones, tragedia nacional
Los desaparecidos son un tema de especial trascendencia dentro de la agenda del sistema internacional de protección de los derechos humanos y es por ello que: I) el 18 de diciembre de 1982 la asamblea general de la ONU aprobó por aclamación la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, II) el 20 de diciembre de 2006 dicho órgano también expidió la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
Se cae la verdad histórica
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su quinto informe en relación con el trágico caso de los normalistas de Ayotzinapa, del cual se deducen importantes observaciones a las que me referiré en esta entrega.
Las presiones de Hillary Clinton
En la carta de instrucciones enviada en 1946 por el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos, Spruille Braden, al embajador norteamericano en México, se consignó: “Las compañías petroleras han visto, por fin, el momento de regresar triunfantes a México. El Departamento de Estado no tiene preferencia por ninguna de ellas; sólo busca que su regreso sea astuto y cauteloso en la forma, porque probablemente los mexicanos le darían gran importancia al hecho de que se guarden las apariencias. Debe parecer que la iniciativa proviene del Gobierno de México y éste tiene que insistir, antes que nada, en que los derechos sobre el subsuelo seguirán siendo propiedad de la Nación y debe tratar de evitar la mención de la palabra concesión”.