Es urgente Alfredo Ríos Camarena La piedra fundamental para la existencia de una democracia se localiza en la normalidad electoral, es decir, que se realicen periódicamente elecciones y que éstas tengan la seguridad de realizarse jurídicamente bien. En México contamos con un sistema electoral y con un subsistema de partidos sólidos; el Instituto Nacional Electoral Seguir Leyendo
Creada por Miguel de la Madrid para ser eje de la “renovación moral de la sociedad”, la hoy Secretaría de la Función Pública ha sido vilipendio, vergüenza del Estado mexicano.
Contrariamente a las sistemáticas demandas históricas de la sociedad mexicana durante más de cinco décadas para fortalecer a los medios públicos y sociales en el país y a los avances logrados en el año 2013 en dicha materia con la reforma constitucional de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica; paradójicamente en el año 2014 a través de la aprobación de las leyes secundarias de dicha reforma estructural el Congreso de la Unión marginó sustantivamente el apoyo a las concesiones de uso público y social en México.
Hoy nuestras fuerzas armadas constituyen el soporte principal de la política de seguridad pública.
Como resultante de la falta de autonomía en los órganos de impartición de justicia en México que se han convertido en abiertos defensores de la clase empresarial y los políticos en turno, al alentar la impunidad y pulverizar los derechos humanos, los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada, dependiente de la ONU, lanzaron en Ginebra, su lapidaria opinión al informe rendido por el Estado mexicano, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, calificándolo de insustancial al no aclarar un sinfín de dudas en torno a los hechos suscitados en Iguala, el 26 de septiembre del pasado año.
Hace una centuria, en la madrugada del 11 de febrero de 1915, un grupo de dirigentes de la Casa del Obrero Mundial, cooptados por Álvaro Obregón, acordaron concertar un pacto político con el Ejército Constitucionalista.
Entre los asesores del presidente hubo una falta de creatividad política.
Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto generó dos actos de autoridad: primero, designó como secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade Martínez; y, segundo, le encargó pública y específicamente investigar “si hubo o no conflicto de intereses” en las adquisiciones que de conocidos inmuebles hicieran, por separado, él mismo, su esposa Angélica Rivera, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
El discernimiento de la verdad es uno de los problemas capitales de la epistemología jurídica. En su proyección práctica, tal actividad cobra una dimensión superlativa cuando se trata de establecer la verdad histórica de un suceso criminal de las dimensiones de la barbarie de Iguala, pues su extrema gravedad exige la aplicación de pautas cualitativamente superiores a las que normalmente se ponen en juego dentro de una averiguación penal ordinaria.
¡Es el colmo! Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el más alto y principal tribunal de naturaleza constitucional, órgano que se supone debe estar conformado por aquellos ciudadanos de pensamientos, conceptos y procedimientos intachables, sea refugio de individuos con espíritu insensible y discriminatorio. Justo cuando más estamos requiriendo, como nación, de instituciones sólidas e incluyentes, resulta que es precisamentre de ellas de quienes recibimos inesperadas y dolorosas agresiones.
Vale preguntar hasta qué nivel de precio del barril se puede financiar.
El truco de toda campaña es convencer a los electores de que tu adversario o es un imbécil o es un ladrón.
La opinión de expertos en finanzas públicas y economía ha sido favorable en la difícil decisión del gobierno federal de recortar el Presupuesto de Egresos 2015 en un 0.7% del PIB, es decir, 124 mil millones de pesos; esta draconiana medida presentada por el secretario de Hacienda implica la cancelación de diversos proyectos de infraestructura como el tren México-Querétaro y el ferrocarril del sureste. Esta medida fue presentada de “carácter preventivo” para evitar un descarrilamiento de la economía y conservar la disciplina hacendaria manteniendo la calificación AA de la deuda pública; esta acción afectará la inversión productiva de Pemex y CFE en alrededor de 70 mil millones y la disminución del gasto corriente.
Se paga y se calla, y todo el mundo parecería estar de acuerdo con que éste es el único posible estado de cosas.
La vecindad del Callejón del Cuajo y sus residentes se colocaron en el centro de la vida nacional.
Cuando el PRI consiguió reponerse del golpe propinado por Vicente Fox, un ranchero dicharachero y audaz, apoyado por un partido que hoy se pelea entre sí por el escaso prestigio que le dejaron doce años de pésimos gobernantes, regresó a Los Pinos. Lo representaba un hombre joven y al parecer impetuoso: Enrique Peña Nieto. Uno de los mejores políticos mexicanos, Manlio Fabio Beltrones, en una reunión con intelectuales y periodistas, se manifestó por la candidatura del mexiquense, incluso lo elogió con argumentos serios. ¿Habrá tenido razón?
De cara al 7 de junio Yazmín Alessandrini De cara al proceso electoral que cada vez está más cercano, en donde estarán en juego 2 mil 159 cargos políticos, y ponderando el todavía muy fresco caso López Dóriga, con el PRD utilizando injustificadamente la imagen del periodista Joaquín López-Dóriga en uno de sus Seguir Leyendo
La economía y la inseguridad son un binomio que requiere de un abordaje profundo.
Los estudios sobre el tema, sus causas y orígenes, arrojan dos vertientes a considerar.
Hace dos años y dos meses el presidente de la república mandó al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que contemplaba la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), sexenios atrás llamada Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam). Indistintamente del nombre, esta instancia gubernamental fue diseñada para ser la encargada del seguimiento al cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es decir, la que controlaría el desempeño de los funcionarios en apego a la responsabilidad ética y legal por el desempeño de un cargo, empleo o comisión en la función pública federal; también fue pensada para combatir los actos de corrupción y el mal desempeño de los funcionarios.