El paradigmático caso del asesinato horrendo de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ha provocado diversas reacciones en la sociedad mexicana que reflejan la crisis estructural del sistema social, pues revelan la grave contradicción de clases, la polarización de nuestra sociedad y su división ideológica; evidentemente el denominador común ha sido la condena a estos infaustos hechos por todas las expresiones de la opinión pública nacional: el gobierno de la república, el Congreso de la Unión y los Congresos locales, los estudiantes y académicos, el magisterio y las organizaciones sindicales y sociales. El repudio general nos da un panorama de aparente unidad colectiva, sin embargo, en el análisis particular de la expresión de cada grupo encontramos choques y diferencias insalvables, cuya manifestación más clara es la posición oficial del gobierno a través de la Procuraduría General de la República, y por otro lado, la organización de los padres de los normalistas desaparecidos, que han construido un frente popular con diversas variables, pero donde la bandera irrealizable y utópica es el grito “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.