La libertad de expresión posee una dimensión individual y otra colectiva, que garantiza a la sociedad el acceso a información diversa y al debate público. Los derechos de las audiencias surgen precisamente de esta segunda dimensión.
Peña Nieto, partidos políticos y legisladores se convirtieron en activos promotores de la “libertad del negocio”.
Terminaron convirtiéndose en elementos simuladores o decorativos del actual prototipo desigual de comunicación masiva.
No podrán ser penados cuando los concesionarios inserten publicidad para adultos en horarios infantiles…
La contrarreforma conservó el viejo modelo de comunicación contaminado que permitió la continuidad silenciosa de un millonario negocio monopólico.
Se impusieron los intereses mercantiles de los propietarios de los medios electrónicos en el corazón del proceso de la comunicación colectiva.
Las audiencias perdieron sus garantías comunicativas ciudadanas y quedaron como meros consumidores.
Se descartaron como derechos de las audiencias todos los que se derivaron de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Lo que se tejió fue la construcción de un nuevo orden jurídico a modo para consolidar todavía más los enormes privilegios de los oligopolios de la información.
Nunca se había visto y escuchado a tantos políticos y parlamentarios preocupados por unos lineamientos de defensa de los derechos de audiencias.
Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán expedir códigos de ética para proteger los derechos de las audiencias.
