La polémica radica en el tipo de diseño oficial formulado, los modelos aplicados para ejercer estas garantías, la ambigüedad conceptual, la subordinación de instancias al Poder Ejecutivo, la desproporción de las sanciones…
El fin ulterior de este andamiaje, en concordancia con las fallidas iniciativas legislativas y los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, consiste en infundir un efecto inhibidor que desmotive los cuestionamientos hacia la fuerza oficialista.
Primero, el héroe y el villano: Morena, el héroe que lucha por el pueblo bueno; y los villanos, Estados Unidos y la prensa. La trama: manchar a la transformación y atacar la soberanía nacional.
En este terreno, la discusión medular no reside en si se reconocen tales garantías, pues ya están incorporadas en el artículo 6°, sección B, fracción VI, de la Constitución Política Mexicana desde el año 2013…
De inicio el proyecto recibió un rechazo generalizado de parte de expertos, empresarios de la radio y la televisión, así como de los analistas en general.
Los gobiernistas no se están metiendo con inválidos o tullidos; nos defenderemos con lo que tenemos: nuestra pluma, nuestra voz y nuestra presencia en los actos de protesta.
El problema no está en reconocerlos ni en desarrollarlos mediante reglas. Está en hacerlo otorgando al Estado facultades que pueden terminar utilizándose para calificar contenidos periodísticos.
Frase: Por consiguiente, ante dicho escenario, la voz del gobierno planteó que el compromiso de la libertad de expresión es proteger a quienes comunican; los Derechos de las Audiencias protegen al pueblo de México.
La contradicción es tan monumental que casi duele: el mismo partido que pasó años enteros fustigando al INE como un órgano costoso, clasista y al servicio de la “mafia del poder”, ahora lo aplaude como garante de la “verdad”…
Los lineamientos generaron cierta polémica, en primer lugar, porque quien hizo la presentación es un personaje bastante obscuro, digamos muy limitado. Por otra parte, hablan de que es un proceso de autorregulación, en donde el propio medio de comunicación deberá de establecer su código de ética.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Sospecho que la presidenta tomó la decisión de apresurar la Iniciativa cuando valoró las mediciones sobre su popularidad y la de su partido, ambas consistentemente a la baja desde que las voces opositoras rebautizaron a Morena como el “narcopartido”.
Fue hasta el 11 de julio de 2013 que los auditorios sufrieron una profunda reconceptualización estructural y dejaron de ser contemplados como meros clientes receptores de la información del capital económico y del poder político, convirtiéndose en sujetos con derechos constitucionales.
La batalla iniciada en 2016 con los lineamientos del hoy extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones y resuelta por la Suprema Corte en 2022 dejó clara la fragilidad de la frontera entre tutelar a las audiencias y someter la línea editorial.
Hablando de premios y castigos a los medios, aparece el caso Sonora. López Obrador repitió hasta el cansancio que se había terminado el uso del dinero público para comprar conciencias, fabricar aplausos y castigar voces incómodas.
Edición correspondiente al domingo 9 de agosto de 2026.
Sin demérito del control de la gestión pública del Congreso sobre el IFT y el SPREM, el acceso a la información pública de una y otra, pero enfatizo el segundo, es lo que permitía el control indirecto de su objeto constitucional.
Antes exigían libertad de expresión,ahora quieren administrarla. El problema para la 4T no es la desinformación, su problema es que ya no controla el relato.
La libertad de expresión posee una dimensión individual y otra colectiva, que garantiza a la sociedad el acceso a información diversa y al debate público. Los derechos de las audiencias surgen precisamente de esta segunda dimensión.
Peña Nieto, partidos políticos y legisladores se convirtieron en activos promotores de la “libertad del negocio”.
