En México nuestra Constitución en su artículo 49 establece la división de Poderes, pero debe haber cooperación entre los mismos, sin llegar a confundir cooperación con la intromisión, o peor aún, dependencia o subordinación.
Al Estado le corresponde brindar seguridad en la vida y patrimonio de sus ciudadanos. Quienes así lo exigimos y hemos venido pidiendo modificar la estrategia y aportando propuestas, no somos los enemigos a vencer.
En paralelo tenemos que observar y actuar como Estado Nacional, con prudencia en el complejo momento de las nuevas relaciones geopolíticas que se tejen en el mundo.
Durante los últimos 20 años en México se han sucedido diversas transformaciones políticas, sin embargo la cultura política del ciudadano mexicano se ha quedado muy atrasada.
El derecho a la información y la libertad de expresión, en todas sus modalidades, son derechos humanos fundamentales; imprescindibles para el desarrollo genuino de una cultura de la comunicación, sustentada en el respeto a la diferencia.
México ocupa la posición 124 de 180 países en el mundo que son evaluados por Transparencia Internacional en materia de corrupción.
En este escenario México tiene una crisis de desempleo, con un bajo crecimiento ahora pronosticado para el 2022 según estimaciones del FMI debido a que continúan las interrupciones en las cadenas de proveeduría para 2022.
República dijo que “no se reelegirá”, lo cual les da el banderazo de salida para iniciar su pre-pre campaña política en la carrera hacia 2024, ya que las elecciones presidenciales próximas serán en julio de 2024.
La pandemia del coronavirus que asola al mundo, ha causado estragos en México, y como desde hace tres años las fanfarrias las cantará la voz dominante del inquilino de Palacio.
La respuesta del Ejecutivo empecinado, ha sido “no hay más ruta que la mía”, faltando a la verdad cuando afirma que todo marcha bien, y sigue mencionando que tiene el país en calma y que el pueblo bueno está con él.
En el ámbito social, y en las redes sociales, se descalifica a quienes levantan la voz y se atreven a la menor crítica, tildándolos de enemigos reaccionarios y conservadores.
La delincuencia organizada transnacional o globalizada, cobra cada vez mayor fuerza, sin que los gobiernos de las naciones más afectadas parezcan poder detenerla.
Los desplazamientos humanos de este siglo XXI son provocados por una serie de causas en sus lugares de origen, como violencia, conflictos bélicos, conflictos políticos, persecuciones ideológicas, religiosas de preferencia sexual.
El porvenir inmediato debería ser el implementar políticas públicas que permitan utilizar las herramientas fiscales y de gasto público para recomponer la desalentadora situación económica.
La violencia criminal nacional creció como nunca antes en la historia del País. De enero 2019 a diciembre 2020 se registraron 76 mil 841 muertes violentas, lo que hace un promedio de 97 homicidios diarios.
Las reformas constitucionales de 2011 en materia de Derechos Humanos asignan un papel fundamental en la construcción de una cultura de respeto y protección a los derechos fundamentales al Poder Judicial de la Federación.
El PEF aprobado para 2022 contempla un gasto neto de $7,088,250.3 millones de pesos (mp), 8.9 por ciento mayor a lo programado para 2021.
En 1945 se promulgó la nueva ley aún vigente, y desde entonces se concedió a la Universidad su personalidad Nacional, reafirma su Autonomía y su presupuesto forma parte del Presupuesto Federal.
En realidad, es una celebración milenaria con diversas manifestaciones culturales y en el caso nuestro, es producto de un sincretismo de nuestras culturas originarias al fundirse sus ritos y celebraciones en torno a la muerte.
Los acuerdos y las negociaciones entre las fuerzas políticas repercutirán y contaminarán en los próximos días, el paquete fiscal para el 2022.
