Holocausto nacional
La crisis de derechos humanos ya alcanzó el estatus de un conflicto armado interno.
La crisis de derechos humanos ya alcanzó el estatus de un conflicto armado interno.
El gobierno de Peña Nieto —dice la CNDH— está marcado por las tragedias acaecidas en Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya, Nochixtlán y Chalchihuapan.
Todas las autoridades, sin excepción alguna, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
La tesis de que los normalistas fueron sacrificados en el basurero de Cocula, Guerrero, no es otra cosa que una atroz e indigna mentira gubernamental.
Así pues, la voz de alerta que han lanzado esas relevantes personalidades está más que justificada ya que el ordenamiento ad hoc exigido por las altas jerarquías castrenses viola flagrantemente principios ius cogens.
La Corte debe evitar el oprobio de que sean los jueces interamericanos quienes echen abajo ese nefasto instrumento que jamás debió ser aprobado.
La inconformidad en contra del modelo militarista de la seguridad pública ya fue elevada a la categoría de un reclamo interamericano.
El sistema de remedios procesales es insuficiente para revertir irregularidades de esta magnitud jurídica y política.
Ese margen de discrecionalidad propicia el uso desviado de la función jurisdiccional en favor de intereses ajenos a los de las grandes mayorías.
Los amparos promovidos por ciudadanos y organizaciones civiles están siendo desechados de plano por los jueces de distrito.
La declaración de invalidez requiere el voto favorable de por lo menos 8 de 11 de los ministros. Sabido es que varios de ellos son totalmente proclives a la validación de los asuntos estratégicos que interesan a la clase política dominante.
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.
Da cauce a la patología del Estado militarizado. Nuestro máximo tribunal no puede soslayar esa realidad innegable.
Se caracteriza por la expansión del perímetro de seguridad interior de los Estados Unidos hasta la frontera sur de nuestro país.
Asegurará los intereses de los grandes corporativos trasnacionales y la continuidad del modelo neoliberal.
El Ejecutivo federal tuvo en sus manos la posibilidad de dar marcha atrás a ese engendro jurídico y político, sin embargo, no lo hizo.
Validaron el andamiaje legal que facilitará la represión y el genocidio por goteo.
De persistir esa tozudez gubernamental, el país será sometido al riesgo inminente de una confrontación internacional.
La nación será sometida a un acelerado proceso de militarización cuyas consecuencias son impredecibles.
La hipótesis del genocidio por goteo es la única explicación plausible a este genuino holocausto nacional.