Comisión de la verdad para los desaparecidos
Por vez primera se proyecta una luz de esperanza sobre las densas tinieblas de la falsedad, la injusticia y la impunidad gubernamental.
Por vez primera se proyecta una luz de esperanza sobre las densas tinieblas de la falsedad, la injusticia y la impunidad gubernamental.
Nicaragua se encamina a un Estado de excepción
El juez, como garante del imperio del orden jurídico, requiere garantía de respeto a su independencia.
La resistencia gubernamental a la puesta en marcha de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Iguala es más que evidente.
La crisis de derechos humanos ya alcanzó el estatus de un conflicto armado interno.
El gobierno de Peña Nieto —dice la CNDH— está marcado por las tragedias acaecidas en Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya, Nochixtlán y Chalchihuapan.
Todas las autoridades, sin excepción alguna, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
El desánimo hace que la corrupción siga creciendo y los ciudadanos ya no exijan castigos.
Así pues, la voz de alerta que han lanzado esas relevantes personalidades está más que justificada ya que el ordenamiento ad hoc exigido por las altas jerarquías castrenses viola flagrantemente principios ius cogens.
Da cauce a la patología del Estado militarizado. Nuestro máximo tribunal no puede soslayar esa realidad innegable.
Quien empieza a instrumentar esa posición de hostigamiento a los organismos internacionales es José Antonio Meade. Este caso pone de manifiesto el fracaso de los esquemas de justicia en el Estado de México y a nivel federal. Este es el caso más fuerte, más impactante, más simbólico de México ante la Corte Interamericana.
La participación de la milicia en tareas de seguridad pública ha dejado una estela de horror y de muerte.
Subrayaron la necesidad de que ya no se sigan defendiendo “hipótesis imposibles y descartadas”.
El proceso de construcción de la esfera pública internacional no ha sido tarea fácil pues implica un abierto desafío a las actitudes autoritarias.
Este fundamental tema ha sido objeto de una intensa socialización entre víctimas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
Se pone en entredicho el principio angular de la obediencia debida.
Tal vez ese es el leimotiv de la exigencia de que la inefable ley de seguridad interior sea aprobada cuanto antes.
Estamos viviendo un conflicto armado interno que amenaza con prolongarse indefinidamente.
Se están dando pasos trascendentales que revelan la intención de empoderar más y más a los milicianos.
La política de Trump no representa el sentimiento de todos los norteamericanos.