Este fenómeno no responde simplemente a la falta de regulación, sino a la función económica que el trabajo infantil cumple en hogares sumidos en pobreza estructural, donde más del 66 por ciento de la población infantil vive en condiciones de carencia.
En este sentido, la secuencia de eventos —que inicia con el secuestro del padre del alcalde el 11 de abril y continúa con la desaparición del propio edil al intentar intervenir— revela un patrón de victimización selectiva que apunta a desarticular o someter a la autoridad municipal…
México como país miembro de la ONU ya está sentado en el banquillo de los acusados por posibles “crímenes de lesa humanidad” debido a la irresponsabilidad de este gobierno, que ya ha asumido la mentira como política de Estado.
Pero resulta que dicho Comité no es cualquier grupo, sino que es de Expertos y sí depende de la ONU para atender las desapariciones forzadas de personas en todo el planeta, no solo en México.
En este contexto, el Viernes Santo consolidó esa narrativa. Las representaciones del viacrucis, lejos de limitarse a la recreación de la pasión de Cristo, funcionaron como dispositivos de denuncia social.
El mensaje del Comité es, a la vez, técnico y demoledor. Sin atribuir responsabilidades penales individuales (porque no es su función) concluye que existen indicios bien fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas en un contexto que podría configurar crímenes de lesa humanidad.
Más del 60% reporta haber experimentado racismo y discriminación en el acceso a servicios de salud, justicia y empleo, lo que limita severamente su autonomía económica y su ejercicio pleno de derechos.
El problema de fondo no es únicamente la protección perimetral del evento, sino la fragilidad de la tregua entre organizaciones criminales que operan en la región norte de Guerrero.
Los ejidatarios documentan contaminación del agua, del suelo y del aire por explosiones, polvo y residuos tóxicos, incluidos metales pesados como plomo y el uso de cianuro, lo que ha inutilizado tierras agrícolas…
No obstante, la estadística tiene límites claros para reflejar la realidad operativa del delito. Durante 2025, la extorsión se consolidó como el delito de mayor impacto social y económico en Guerrero.
Entre los eventos que capturaron titulares, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre, sacudió al país. Manzo, un político independiente, fue baleado durante las festividades del Día de Muertos…
Sheinbaum prefirió “echar toda la carne al asador” y cerrar filas con los delincuentes narcogobernadores y otros narcopolíticos para enfrentar a una supuesta “derecha golpista”, en lugar de utilizar toda esa fuerza del Estado, evidenciada en la plaza pública, para combatir al crimen organizado.
Lo primero que perdió el gobierno de Morena, fue la esperanza de un cambio verdadero como se cansó de expresar por décadas cuando era oposición. El mesías se evaporó en semanas o acaso meses.
Uno de los problemas fundamentales radica en la dependencia cada vez mayor de las remesas, que se ha convertido en una fuente crucial de ingresos para una gran parte de la población guerrerense.
Los informes destacan que Guerrero es uno de los estados donde los jóvenes son más vulnerables al reclutamiento por parte de los grupos criminales. Los carteles de Sinaloa, el CJNG y Los Viagras están activamente reclutando menores…
Mientras, a la dupla Sheinbaum-López se le enredan más los hilos, envilece más sus contradicciones, y se le retuercen todavía más sus decisiones, pletóricas de ineptitud y de corrupción.
Edición correspondiente al domingo 9 de noviembre de 2025.
Hay componentes singulares: autoridad electa a contrapelo del partido oficial y de sus aliados; líder con exigencias a la acción no sólo en lo local, sino en lo nacional, a quien no se le prestó la atención necesaria, y estandarte de esperanza…
Hoy, los alcaldes enfrentan al crimen organizado sin respaldo; las policías municipales operan con carencias extremas; y las comunidades viven a merced de grupos que se fortalecen ante la ausencia del Estado.
Su tiempo como alcalde interino de Teloloapan en 2020 estuvo marcado por la imposibilidad de ejercer el cargo debido a la presión de actores violentos, algunos de ellos asociados con poderosas familias locales y grupos del crimen organizado.
