Ni perdón ni olvido
Haber convertido a México en un cementerio, en un triste e infame panteón, no admite clemencia alguna.
Haber convertido a México en un cementerio, en un triste e infame panteón, no admite clemencia alguna.
Eslabones inseparables: verdad, justicia, reparaciones integrales, garantías de no repetición de las atrocidades y preservación de la memoria histórica.
No hay presente ni futuro posible sin un pasado debidamente saneado.
La verdad es un derecho humano que tiene pleno reconocimiento jurídico.
Conocer la verdad y hacer brillar la justicia en relación con esta hecatombe es un derecho humano inalienable de la sociedad en su conjunto.
La resistencia gubernamental a la puesta en marcha de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Iguala es más que evidente.
Deberes fundamentales que el derecho internacional le impone al Estado mexicano: verdad, justicia, reparaciones integrales…
No hay que aguardar al 1 de diciembre para empezar a recorrer el sendero de la paz, la verdad y la justicia.
Alcanzar la verdad y la justicia en torno a un ominoso crimen internacional que ha conmocionado la conciencia ética de la humanidad.
Tiene un impecable sustento jurídico y constituye un mandato legítimo de autoridad competente cuyo cumplimiento es ineludible.
Representa la oportunidad de oro para que este gravísimo asunto sea resuelto en el plano interno acorde a un modelo sui generis.
Nos permitirá saber por fin qué sucedió con los estudiantes.
Tiñeron de opacidad lo que debe ser un proceso investido de apertura ciudadana.
Rendición de cuentas y deslinde de responsabilidades en torno a la guerra antinarco son un imperativo categórico.
Los amparos se ceñirán a lo que determinen los ministros del máximo tribunal, algunos de los cuales ostentan un indeleble sello presidencialista y antigarantista.
“No cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, tampoco ofrece garantías ni considera una supervisión adecuada”, dijo un alto comisionado de Naciones Unidas.
Guerra de baja intensidad que será objeto de un vertiginoso escalamiento si los ministros de la Corte validan la infame Ley de Seguridad Interior.
Soslayada a lo largo del primer debate presidencial, la guerra antinarco está ya colocada en la mira del escrutinio internacional.
Si tales advertencias no fueran suficientes tal vez los siete murales de Cauduro visibles en los muros añosos del edificio de la Corte logren ese objetivo.
Los ministros del supremo tribunal deben estar muy conscientes de la dimensión histórica de la responsabilidad que tienen en sus manos.