Las recientes reformas presidenciales, presentadas el 5 de febrero, en un abierto desprecio a la Constitución, reiteran el ímpetu de devastación institucional al abolir los órganos constitucionales autónomos, sojuzgar al poder judicial y anular al máximo árbitro electoral.
Otro punto de discusión es la tendencia, por cuestiones más políticas que económicas, de darle a las fuerzas armadas un papel cada vez más protagonista en las funciones que le corresponden a la administración pública federal.
Por ejemplo, en la retórica oficial no existe la militarización en nuestro país. Para el jefe nato de las fuerzas armadas no hay militarización; él tiene otros datos, y poca vergüenza.
Y por increíble que parezca, 3 de las principales áreas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están sin jefe; ni en la Armada, el Ejercito, ni en la Infantería, hay un dirigente confirmado por el Senado.
Los conflictos iniciales y las preocupaciones vertidas por militares por la posible pérdida de derechos, así como la negativa de integrantes de la Policía Federal de incorporarse al nuevo cuerpo de seguridad, fueron silenciados con amenazas y premios.
En Chilpancingo fueron 40 manifestantes los que marcharon desde uno de los accesos de la 35 Zona Militar; en contraste en Iguala la protesta se desarrolló en el acceso de las instalaciones del Campo Militar 35-C…
El poder presidencial, casi ha anulado al poder legislativo y también al poder judicial, al mismo tiempo que otorga un inmenso poder a los militares. Se trata de un Golpe de Estado.
Para López Obrador esa reforma es decisiva. Por eso ha utilizado toda la fuerza y violencia política que le da el poder para doblar a diputados y senadores.
Todo ese panorama tiene muchos rasgos de golpe de Estado, donde los poderes civiles, con cada vez más débiles y se les coloca entre los “enemigos opuestos al pueblo y sometidos a los conservadores”.
“Lo que llama la atención, y por eso digo que es sistemática, es que no se centra en una única zona de la entidad, sino en varias ciudades de esos estados; evidentemente esto nos habla del control territorial”.
Expresado a priori, las Fuerzas Armadas (FFAA) son instituciones del Estado; forman parte del gobierno, pero la naturaleza de su función es de Estado, de ese todo público.
Frente al entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, mi papá empezó el discurso con esta frase de Miguel de Unamuno: “Desgraciado del pueblo cuya juventud no haga temblar al mundo”.
Al final la pregunta es si no estamos arriesgando innecesariamente y si no estamos en una ruta en la que nos haga perder al gran y respetado aparato que han sido las fuerzas armadas en beneficio de decisiones que no necesariamente mejoran las funciones civiles
No insistiré en el texto del artículo 129 de la Ley Fundamental sobre el papel asignado a las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Es claro y se encuentra abiertamente inatendido.
Durante la presente gestión presidencial se han venido otorgando distintas funciones a la Secretaría de Marina que parecen entrar en colisión con el hecho de que esa dependencia es el ámbito administrativo para el funcionamiento de la institución militar nacional denominada Armada de México.
El debate consecuente se ha agudizado en la presente centuria, particularmente por la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por cierto con muy pobres resultados.
¿Realmente nadie dice ni hace nada? Ante los estropicios sistemáticos contra la mínima existencia de una república laica, democrática, federal y sustentada en la división de poderes y la exclusión del poder de los militares
Por lo menos el alto mando está tomando partido, siempre en las encuestas, en la confiabilidad de las instituciones era, o es, de los mejores calificados, no hay mexicano que no reconozca o tenga gratitud hacia sus fuerzas armadas por su abnegación y sacrificio, pero también por su neutralidad política.
Una nueva institución civil con fuerte origen militar, de la cual el planteamiento actualizado del inquilino de Palacio Nacional es convertirla en un cuerpo más del Ejército.
Es más, los precursores de ese modelo en España y Chile se opusieron rotundamente cuando varios de sus presidentes intentaron darle a los milicos la patria potestad de las guardias nacionales.
