La reacción social alcanzó tal magnitud desproporcionada que escaló más allá de una simple discusión técnica colocándose en el centro de la polémica de la opinión pública nacional como la “Ley Censura”…
La polémica radica en el tipo de diseño oficial formulado, los modelos aplicados para ejercer estas garantías, la ambigüedad conceptual, la subordinación de instancias al Poder Ejecutivo, la desproporción de las sanciones…
El riesgo y temor explícito de la censura gubernamental fue el motivo principal por el que 82% de los comentarios se posicionaron en contra de los lineamientos de derechos de las audiencias propuestos en la última consulta pública
El fin ulterior de este andamiaje, en concordancia con las fallidas iniciativas legislativas y los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, consiste en infundir un efecto inhibidor que desmotive los cuestionamientos hacia la fuerza oficialista.
Primero, el héroe y el villano: Morena, el héroe que lucha por el pueblo bueno; y los villanos, Estados Unidos y la prensa. La trama: manchar a la transformación y atacar la soberanía nacional.
Algunas dictaduras también fueron en contra de la libertad de expresión, los casos abundan, como sucedió en la Alemania gobernada por Hitler, España con Franco, Stalin en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y más regímenes…
En este terreno, la discusión medular no reside en si se reconocen tales garantías, pues ya están incorporadas en el artículo 6°, sección B, fracción VI, de la Constitución Política Mexicana desde el año 2013…
De inicio el proyecto recibió un rechazo generalizado de parte de expertos, empresarios de la radio y la televisión, así como de los analistas en general.
Los gobiernistas no se están metiendo con inválidos o tullidos; nos defenderemos con lo que tenemos: nuestra pluma, nuestra voz y nuestra presencia en los actos de protesta.
El problema no está en reconocerlos ni en desarrollarlos mediante reglas. Está en hacerlo otorgando al Estado facultades que pueden terminar utilizándose para calificar contenidos periodísticos.
Frase: Por consiguiente, ante dicho escenario, la voz del gobierno planteó que el compromiso de la libertad de expresión es proteger a quienes comunican; los Derechos de las Audiencias protegen al pueblo de México.
Es evidente que de esa oficina salió la lista “que no existe” de los periodistas y medios que son críticos al cuatrote. Luisa María Alcalde no tiene las meninges necesarias para hacerla.
Ahora lo han rebautizado como “conferencia del pueblo”, con el propósito renovado de destacar las tareas que desarrollan el poder ejecutivo y la administración pública federal para cumplir con sus funciones y alcanzar las metas públicas planteadas a la Nación.
Han hundido al país en la parálisis económica y el descrédito internacional por sus alianzas y complicidades con el crimen organizado y ahora quieren anular la más sagrada de las libertades individuales: la libertad de expresión…
La contradicción es tan monumental que casi duele: el mismo partido que pasó años enteros fustigando al INE como un órgano costoso, clasista y al servicio de la “mafia del poder”, ahora lo aplaude como garante de la “verdad”…
Los lineamientos generaron cierta polémica, en primer lugar, porque quien hizo la presentación es un personaje bastante obscuro, digamos muy limitado. Por otra parte, hablan de que es un proceso de autorregulación, en donde el propio medio de comunicación deberá de establecer su código de ética.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Sospecho que la presidenta tomó la decisión de apresurar la Iniciativa cuando valoró las mediciones sobre su popularidad y la de su partido, ambas consistentemente a la baja desde que las voces opositoras rebautizaron a Morena como el “narcopartido”.
Fue hasta el 11 de julio de 2013 que los auditorios sufrieron una profunda reconceptualización estructural y dejaron de ser contemplados como meros clientes receptores de la información del capital económico y del poder político, convirtiéndose en sujetos con derechos constitucionales.
La batalla iniciada en 2016 con los lineamientos del hoy extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones y resuelta por la Suprema Corte en 2022 dejó clara la fragilidad de la frontera entre tutelar a las audiencias y someter la línea editorial.
