Que el voto por medios electrónicos tiene incomparables aspectos positivos, es otro tema; no se puede implementar si no existe fundamento constitucional o legal para ello. ¡Un acuerdo del Consejo General del INE es insuficiente!
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es clara, exige la postulación de fórmulas de dos personas del mismo género.
¿Qué es de un país que no protege la legítima aspiración de sus ciudadanos a ejercer un cargo público?
Una campaña electoral es el conjunto de actividades lícitas, sin calumnia ni denigración, que lleven a cabo los partidos, coaliciones y candidatos.
Para desfacer ese entuerto no vale la varita mágica de la libertad de expresión o el derecho a la información.
La ley permite a los precandidatos dirigirse a todos los ciudadanos, no solo a los militantes o simpatizantes de su partido.
La confusión colectiva que parece existir o se pretende provocar solo se puede explicar por la falta de conocimiento jurídico o por la intención de alcanzar objetivos ajenos.
La magia de la mesa directiva de casilla única se esfuma ante la necia realidad.
Inquietante es la constitucionalidad de las leyes locales que establecen el procedimiento para elegir magistrados supernumerarios.
Hay que apoyarlas e impulsarlas para su mayor y mejor desarrollo político nacional.
El Poder Electoral, en una república democrática y federal, debe estar en el ámbito del poder federal.
Ante las manifestaciones de inconformidad el exagerado rebase de los topes de gastos de campaña, se modificaron criterios, cantidades, evaluaciones, información.
Entrega de bienes y servicios, a título de propaganda electoral o de campaña, para convencer a los electores y obtener su voto.
