Esta naturaleza lo mantiene en una dinámica de campaña permanente que busca cualquier resquicio legal para promocionar la marca política o fijar postura sobre las tendencias en medios de comunicación y redes sociales.
Morena exhorta con frecuencia a su militancia a «tener más ética» en medio de señalamientos por viajes al extranjero, ostentación de bienes de lujo o sospechas de complicidad criminal.
Evitar que accedan a candidaturas personajes con cuestionamientos legales o antecedentes dudosos representa un desafío colosal para la autoridad electoral y las propias fuerzas políticas.
Por otro lado, otro segmento de la militancia propone analizar la conveniencia de los pactos locales Estado por Estado. El reciente resultado electoral en Coahuila se encargó de reactivar este debate interno de forma cruda.
Si bien la organización ha logrado mantener algunos gobiernos locales, bajo cualquier modalidad de participación ha perdido entidades que supuestamente contaban con estructuras panistas sólidas y altamente competitivas.
Hasta ahora, las denuncias ante las autoridades han sido infructuosas. Las sentencias por actos anticipados de campaña son escasas, lo que contrasta con la celeridad con la que se procesan los casos de violencia política en razón de género.
Si antes se acusaba a los políticos de hablar mucho y decir poco, con la revolución digital ahora comunican escasamente y lo hacen, principalmente, mediante su propia imagen.
Las protestas también suelen implicar violencia, ya sea por parte de las autoridades que buscan acallar las voces disidentes o de grupos que la consideran un arma legítima para alcanzar sus objetivos.
La política ha sido tradicionalmente una fuente de enriquecimiento para quienes la ejercen, tanto por los salarios elevados como por las oportunidades de negocios que se generan, a lo que se suma un alto nivel de impunidad.
