Holocausto nacional
La crisis de derechos humanos ya alcanzó el estatus de un conflicto armado interno.
La crisis de derechos humanos ya alcanzó el estatus de un conflicto armado interno.
El gobierno de Peña Nieto —dice la CNDH— está marcado por las tragedias acaecidas en Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya, Nochixtlán y Chalchihuapan.
Todas las autoridades, sin excepción alguna, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
La tesis de que los normalistas fueron sacrificados en el basurero de Cocula, Guerrero, no es otra cosa que una atroz e indigna mentira gubernamental.
Así pues, la voz de alerta que han lanzado esas relevantes personalidades está más que justificada ya que el ordenamiento ad hoc exigido por las altas jerarquías castrenses viola flagrantemente principios ius cogens.
El narco ha logrado ampliar su influencia a través de la violencia extrema, debilitar a las instituciones y controlar actividades económicas.
La Ley de Seguridad Interior legaliza el fracaso de una estrategia que no logró en 10 años recuperar el Estado de derecho.
La inconformidad en contra del modelo militarista de la seguridad pública ya fue elevada a la categoría de un reclamo interamericano.
El sistema de remedios procesales es insuficiente para revertir irregularidades de esta magnitud jurídica y política.
Amnistía Internacional denunció que las autoridades mexicanas tampoco avanzaron en esclarecer el paradero de 34 mil 656 personas reportadas en el registro nacional de desaparecidos.
Los amparos promovidos por ciudadanos y organizaciones civiles están siendo desechados de plano por los jueces de distrito.
La declaración de invalidez requiere el voto favorable de por lo menos 8 de 11 de los ministros. Sabido es que varios de ellos son totalmente proclives a la validación de los asuntos estratégicos que interesan a la clase política dominante.
Con la delincuencia organizada no puede haber perdón ni olvido, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.
Se caracteriza por la expansión del perímetro de seguridad interior de los Estados Unidos hasta la frontera sur de nuestro país.
Asegurará los intereses de los grandes corporativos trasnacionales y la continuidad del modelo neoliberal.
Aun la fraternidad es una utopía, pero un mundo sin ella sería un planeta sin alma.
El 2017 en lo político, económico y social
El Ejecutivo federal tuvo en sus manos la posibilidad de dar marcha atrás a ese engendro jurídico y político, sin embargo, no lo hizo.
¿A quién obedece Peña Nieto cuando impulsa esta ley? Obedece al gobierno de Estados Unidos que quiere que el continente americano se militarice.
El Comisionado Nacional de Seguridad justifica la violencia que sufre México.