Defensa del interés nacional y de los derechos humanos
Voces calificadas se han alzado para que dicho proceso se guíe por el propósito superior de la defensa del interés nacional.
Voces calificadas se han alzado para que dicho proceso se guíe por el propósito superior de la defensa del interés nacional.
La responsabilidad estatal por el solapamiento de actos de particulares puede hacerse valer en muchos otros campos.
Tal vez ese es el leimotiv de la exigencia de que la inefable ley de seguridad interior sea aprobada cuanto antes.
México es el segundo país más violento del mundo. Puede prolongarse indefinidamente
Estamos viviendo un conflicto armado interno que amenaza con prolongarse indefinidamente.
Significaría el inicio del proceso de conversión del territorio mexicano en un gigantesco cuartel militar.
La reglamentación de la seguridad interior jamás ha sido una prioridad legislativa.
Debe acompañarse de la programación del retorno de los efectivos militares a sus guarniciones.
Acuerdos ajenos a los intereses nacionales y al texto puntual de la carta magna.
Se están dando pasos trascendentales que revelan la intención de empoderar más y más a los milicianos.
No sería admisible que se condujeran como ingenuos aprendices de brujos.
No hacerlo, implicaría consentir el imperio de la ley de los poderes salvajes.
Ahora, tiene una orientación proactiva y les ha permitido ensanchar su esfera de acción e incursionar en los espacios civiles.
Es imperioso oponerse a este absurdo proyecto legislativo que es la ley de seguridad interior.
En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
La nación fue despojada de sus derechos históricos y constitucionales sobre los hidrocarburos para cederlos a inversionistas privados.
Nuestra función es otra y se está desnaturalizando, estamos haciendo tareas que no nos corresponden.
Ejecuciones sumarias, torturas y desapariciones forzadas a lo largo de la guerra sucia.
La inseguridad no se resuelve a balazos.
Las altas jerarquías políticas y castrenses están empeñadas en dar curso a la “ley a modo”.