Al caso viene recordar que el Presidente Juárez fue un devoto de la ley; si bien en algún momento hubo de prolongar su mandato por la situación de guerra que se vivía, su argumento para ello estuvo basado en la correcta interpretación de la “razón de Estado”.
El juicio de amparo es un instrumento para que cualquier persona se defienda de los excesos y abusos del gobierno, en el caso del aeropuerto de Santa Lucia es para obligar al gobierno a cumplir con la ley.
El desarrollo de nuevos proyectos logísticos así como la diversificación de los medios de transporte (mercancías y pasajeros), se convierte más que en un “lujo de primer mundo”, en necesidad y estrategia que garantice la seguridad económica nacional.
La democracia participativa es una nueva forma de ser y de actuar en el Estado mexicano, pero permanentemente conforme a la legislación aplicable.
En la forma se diseñó un modelo republicano aunque no pasó de la simulación.
Se debe agotar el diálogo y la construcción de consensos. Es más lo que nos une que lo que nos separa.
Ojalá venga una ola de amparos que denote la madurez de una sociedad consciente de sus derechos.
Hoy más que nunca el nuevo gobierno tiene una gran responsabilidad con los mexicanos.
Llevamos décadas exigiendo derechos para los migrantes mexicanos en Estados Unidos y es un acto de congruencia ofrecer lo mismo a todos aquellos que lleguen a nuestro país.
“El problema no son las leyes, son las autoridades que no cumplen con su función y que tienen miedo para gobernar”.
El presidente de México debe cuidar el respeto al Poder Judicial. Lo anterior significa que no debe pedir favores ni dar orientaciones.
Todos los candidatos lo traen como el principal eje de su oferta de campaña, ya sea de forma expresa o implícita.
Las escritas y las otras.
Los funcionarios y servidores públicos de todos los niveles deben estar sometidos al cumpliento irrestricto de la ley.
La PGR y las procuradurías locales no procuran realizar la labor social a la que están destinadas.
Es importante tener siempre presente la dimensión demográfica.
En un momento en el que el mundo vuelve a girar a lo social; cuando la tendencia es proteger a los trabajadores, esta ley los desprotege.
Otro de los indicadores donde México sale peor posicionado es en corrupción, al ocupar el sitio 103, por debajo de Nigeria, Paquistán y Honduras, según el informe de World Justice Project.
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.
Como bien dice el refrán de Sancho Panza: ”Mientras se gana algo, no se pierde nada”.
