Transformar viejo pacto de comunicación
El uso de la publicidad oficial se convirtió en un mecanismo de autolegitimación del poder político y, a la vez, funcionó como un instrumento para sujetar a los medios de comunicación.
El uso de la publicidad oficial se convirtió en un mecanismo de autolegitimación del poder político y, a la vez, funcionó como un instrumento para sujetar a los medios de comunicación.
De aquí la gran importancia de observar si el nuevo gobierno de la “cuarta transformación” se doblegará ante las presiones de la fuerte telecracia y radiocracia.
Se borró la diferencia entre opinión e información noticiosa dentro de los medios de comunicación electrónica.
Peña Nieto, partidos políticos y legisladores se convirtieron en activos promotores de la “libertad del negocio”.
Los partidos políticos aprobaron una nueva contrarreforma constitucional que trastocó los principales avances conquistados.
Terminaron convirtiéndose en elementos simuladores o decorativos del actual prototipo desigual de comunicación masiva.
Los concesionarios de la radiodifusión continuarán como señores feudales del proceso de comunicación colectivo.
No podrán ser penados cuando los concesionarios inserten publicidad para adultos en horarios infantiles…
Fueron reconocidos jurídicamente como simples engranes del circuito de acumulación de capital y no como ciudadanos con derechos comunicativos constitucionales.
Se impidió que las audiencias pudieran contar con herramientas informativas más maduras y elaboradas para formar públicos críticos.
La contrarreforma conservó el viejo modelo de comunicación contaminado que permitió la continuidad silenciosa de un millonario negocio monopólico.
El IFT quedó capturado por los poderes fácticos mediáticos que buscan subordinar o anular su autonomía.
Se impusieron los intereses mercantiles de los propietarios de los medios electrónicos en el corazón del proceso de la comunicación colectiva.
Las audiencias perdieron sus garantías comunicativas ciudadanas y quedaron como meros consumidores.
La alianza entre gobierno, partidos políticos y grandes empresas monopólicas lograron la modificación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El Senado no protegió a los ciudadanos de las prácticas abusivas de los concesionarios en materia de garantías comunicativas.
Se descartaron como derechos de las audiencias todos los que se derivaron de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Lo que se tejió fue la construcción de un nuevo orden jurídico a modo para consolidar todavía más los enormes privilegios de los oligopolios de la información.
La Corte detuvo el avance de este megaproyecto anticonstitucional, injusto y abusivo sobre el modelo colectivo de comunicación.
El Estado protegió los intereses de los grandes monopolios de la radiodifusión.