La lógica era sencilla: no se podía definir en abstracto todo el abanico de situaciones en que una persona podía ver afectada su esfera jurídica sin un derecho subjetivo formalmente reconocido.
La incorporación de herramientas digitales, como la presentación de promociones electrónicas, notificaciones en línea o la obligación de autoridades de comparecer por medios digitales, tiene el potencial de agilizar trámites y reducir cargas burocráticas.
Se habló de un Poder Judicial del pueblo y para el pueblo. Sin embargo, bajo ese lenguaje cargado de simbolismo late una profunda contradicción: la justicia mexicana ha sido lanzada a un experimento improvisado…
Así, mientras el discurso oficial presume una “renovación histórica”, la paradoja es brutal. Más de 800 jueces y magistrados federales quedaron fuera del sistema por mandato de la reforma y hoy viven en un limbo jurídico…
Lo cierto es que fuimos testigos de un momento histórico: se clausuró un capítulo de nuestra democracia al enterrar al último guardián de la Constitución tal como lo conocíamos.
Porque más allá de los expedientes que resolvió en su despedida, lo que hoy se clausura es una era de equilibrios, de resistencias y de construcción doctrinal que, con sus claroscuros, cimentó la noción de Estado de derecho en nuestro país.
La Corte se convirtió en tribunal constitucional en sentido pleno, dejando atrás su carácter predominantemente político e incluso irrelevante y abriendo la puerta a que sus sentencias moldearan el sistema jurídico.
De entrada, la nueva comisión está diseñada como un órgano subordinado directamente a la titular del Poder Ejecutivo. No se trata de un comité plural, representativo ni deliberativo.
El resultado no solo es la deformación del nuevo Poder Judicial de la Federación, sino una nueva grieta en los ya de por si erosionados cimientos democráticos de nuestro país.
En ese contexto, la reciente sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que obliga a una ciudadana sin cargo público a pedir disculpas durante 30 días por haber opinado sobre una diputada federal, no solo resulta desproporcionada; es una distorsión perversa de la figura jurídica que busca proteger a las mujeres en política.
Con estas reformas, la autodenominada Cuarta Transformación (4T) no solo ha logrado imponer su voluntad legislativa gracias a la mayoría parlamentaria, sino que ha consolidado una forma de gobernar donde el poder legislativo deja de ser independiente y autónomo…
Detrás de esa operación (que fue ampliamente documentada en redes y medios digitales) se denunciaron actos que podrían configurar coacción del voto, uso de recursos públicos, propaganda indebida en periodo de veda, y una afectación directa al principio de equidad en contienda.
El anuncio de esta reforma llega en un momento políticamente estratégico: con una mayoría legislativa amplísima, una presidenta con altísimos niveles de aprobación y un aparato de comunicación robusto.
Se vendió como una oportunidad de “democratizar la justicia”, pero en realidad fue una operación diseñada meticulosamente desde el poder para tomar el control del último contrapeso institucional: los tribunales.
La elección judicial celebrada el 1 de junio de 2025 no fue una fiesta democrática, sino un episodio complejo, confuso y profundamente cuestionado. Desde este mismo espacio se ha sostenido con claridad
El verdadero problema es que en esta elección todo fue definido por ese aparato. Desde la narrativa oficial hasta las boletas prácticamente prellenadas —los famosos “acordeones”— lo que presenciamos fue una operación política, no un ejercicio de soberanía popular.
No digo esto como una concesión, sino para subrayar que este modelo ya está en la Constitución y que, de aquí a 2027, será el mecanismo para designar a quienes impartan justicia en todo el país. Por eso, si no participamos, otros decidirán por nosotras y nosotros.
Lo que está en juego no es solo la integración de estos órganos, sino la posibilidad de que los nuevos titulares cuenten con legitimidad democrática y, sobre todo, con capacidad técnica y autonomía suficiente para ejercer su encargo.
Desde que se dio luz verde a este proceso inédito, se nos dijo que sería una oportunidad para abrir el Poder Judicial a la ciudadanía, para acercar la justicia a la gente, para lograr construir un poder judicial más humano y sensible…
Ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistradas de circuito, y jueces y juezas de distrito competirán en una contienda electoral sin precedentes. Se trata de 60 días de campaña, sin financiamiento público y bajo reglas particulares.
