En los días siguientes han trascendido versiones sobre intensas discusiones internas, posiciones encontradas entre ministras y ministros y desacuerdos respecto del relevo en la presidencia de la SCJN. Pero la noticia nunca fue quién podría ocupar esa presidencia.
Una cuestión había quedado clara: lo previsto en el calendario electoral judicial en 2024 fue precipitado, porque se carecía -todo parece indicarlo- de un diagnóstico integral de las implicaciones políticas y económicas…
Las condiciones que permitieron que los llamados acordeones se convirtieran en el principal factor de orientación del voto siguen ahí. Los incentivos para la intervención política en la selección de candidaturas no desaparecen.
La elección judicial de 2025 no fracasó simplemente por las boletas ni por la logística. Fracasó porque partió de una premisa falsa: que votar jueces democratiza la justicia y garantiza independencia. Nada más falso.
El contraste es evidente: un teórico de los límites al poder frente a un juzgador que, lejos de actuar como contrapeso, terminó justificando el nuevo régimen.
Edición correspondiente al domingo 1 de febrero de 2026.
Sheinbaum la calificó como un éxito para democratizar la justicia, aunque críticos, incluyendo la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtieron sobre riesgos a la independencia judicial y al derecho a un juicio justo.
La única magistrada congruente con el mandato constitucional ha sido Janine Otálora; ella no aceptó esta prórroga. Respetará el periodo para el que fue designada, así que se va el 31 de octubre de 2025.
El martillo de la ministra presidenta de la Corte Norma Piña sonó por última vez. Seis ministros, víctimas de un golpe a la Constitución, de presiones, persecución y humillaciones nunca antes vistas, fueron obligados a dejar sus cargos.
Ahora se descubre, día a día, los lazos de personajes siniestros con bandas criminales como la de Tabasco, llamada la “Barredora”. La cuestión es que todo este enredo esta convertido en el caso más típico de la descomposición de la clase política.
Los comicios serán una mascarada para dar apariencia de democracia a un golpe de Estado judicial. De las urnas saldrán triunfantes “jueces militantes”, que deberán el cargo al partido político en el poder…
Para 2024, se estima un crecimiento del PIB de solo 1.5%, una reducción respecto al 2.4% estimado anteriormente, atribuida a un menor dinamismo económico en el segundo trimestre de 2024.
El voto de Pérez Dayán es la voz discordante en medio de un consenso de juristas nacionales e internacionales que han calificado la reforma jurídica de Morena como una locura.
Zedillo fue cuidadoso. Utilizó la palabra tiranía para no excederse, pero en las partes medulares del texto la reforma judicial se convierte en la radiografía de un acto delictivo y dictatorial premeditado en el que participaron varios actores.
López Obrador utilizó una vía constitucional, –presentó una reforma ante el Congreso–, para dar un golpe de Estado y disolver al Poder Judicial. Recurrió a la democracia para matar a la democracia.
La reforma propuesta parte de dos falsedades: no es un remedio a la corrupción y tampoco facilita el acceso a la justicia. Esas no son sus prioridades. No hay en la iniciativa una sola letra para mejorar la administración de justicia.
Trabajo de seguridad pública para detener a delincuentes implica mucho riesgo
