El derecho a la objeción de conciencia
Las principales tergiversaciones de quienes se oponen a la objeción de conciencia tienen que ver más con prejuicios que con argumentos razonables y sólidos.
Las principales tergiversaciones de quienes se oponen a la objeción de conciencia tienen que ver más con prejuicios que con argumentos razonables y sólidos.
Rendición de cuentas y deslinde de responsabilidades en torno a la guerra antinarco son un imperativo categórico.
Los amparos se ceñirán a lo que determinen los ministros del máximo tribunal, algunos de los cuales ostentan un indeleble sello presidencialista y antigarantista.
“No cumple con los estándares internacionales de derechos humanos, tampoco ofrece garantías ni considera una supervisión adecuada”, dijo un alto comisionado de Naciones Unidas.
Soslayada a lo largo del primer debate presidencial, la guerra antinarco está ya colocada en la mira del escrutinio internacional.
El arraigo es violatorio de derechos, pues básicamente desaparece el principio de presunción de inocencia.
México ya no puede permitir que seis mujeres sean asesinadas cada día a causa de la brutalidad feminicida.
“Entiendo el enojo de muchas personas, quienes ante la impunidad que se vive, vean con buenos ojos ocurrencias como la que se presentó”. “El votante mexicano es más inteligente y más sofisticado de lo que creen nuestros políticos”.
Afectan a personas concretas y requieren reparaciones específicas y detalladas.
Los ministros del supremo tribunal deben estar muy conscientes de la dimensión histórica de la responsabilidad que tienen en sus manos.
La crisis de derechos humanos ya alcanzó el estatus de un conflicto armado interno.
La Corte detuvo el avance de este megaproyecto anticonstitucional, injusto y abusivo sobre el modelo colectivo de comunicación.
El gobierno de Peña Nieto —dice la CNDH— está marcado por las tragedias acaecidas en Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya, Nochixtlán y Chalchihuapan.
La inoperancia de las instituciones empuja al ciudadano a hacer aquello que por uno u otro motivo no hacen los funcionarios públicos.
Todas las autoridades, sin excepción alguna, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
El desánimo hace que la corrupción siga creciendo y los ciudadanos ya no exijan castigos.
La tesis de que los normalistas fueron sacrificados en el basurero de Cocula, Guerrero, no es otra cosa que una atroz e indigna mentira gubernamental.
La reforma constitucional en derechos humanos de 2011 es la culminación de los esfuerzos del Estado mexicano en la materia.
Así pues, la voz de alerta que han lanzado esas relevantes personalidades está más que justificada ya que el ordenamiento ad hoc exigido por las altas jerarquías castrenses viola flagrantemente principios ius cogens.
La condena de Carlos López, representa la primera para un acusado de pederastía en la CDMX.