El problema no está en reconocerlos ni en desarrollarlos mediante reglas. Está en hacerlo otorgando al Estado facultades que pueden terminar utilizándose para calificar contenidos periodísticos.
Frase: Por consiguiente, ante dicho escenario, la voz del gobierno planteó que el compromiso de la libertad de expresión es proteger a quienes comunican; los Derechos de las Audiencias protegen al pueblo de México.
Es evidente que de esa oficina salió la lista “que no existe” de los periodistas y medios que son críticos al cuatrote. Luisa María Alcalde no tiene las meninges necesarias para hacerla.
Ahora lo han rebautizado como “conferencia del pueblo”, con el propósito renovado de destacar las tareas que desarrollan el poder ejecutivo y la administración pública federal para cumplir con sus funciones y alcanzar las metas públicas planteadas a la Nación.
Han hundido al país en la parálisis económica y el descrédito internacional por sus alianzas y complicidades con el crimen organizado y ahora quieren anular la más sagrada de las libertades individuales: la libertad de expresión…
La contradicción es tan monumental que casi duele: el mismo partido que pasó años enteros fustigando al INE como un órgano costoso, clasista y al servicio de la “mafia del poder”, ahora lo aplaude como garante de la “verdad”…
Los lineamientos generaron cierta polémica, en primer lugar, porque quien hizo la presentación es un personaje bastante obscuro, digamos muy limitado. Por otra parte, hablan de que es un proceso de autorregulación, en donde el propio medio de comunicación deberá de establecer su código de ética.
Sospecho que la presidenta tomó la decisión de apresurar la Iniciativa cuando valoró las mediciones sobre su popularidad y la de su partido, ambas consistentemente a la baja desde que las voces opositoras rebautizaron a Morena como el “narcopartido”.
Fue hasta el 11 de julio de 2013 que los auditorios sufrieron una profunda reconceptualización estructural y dejaron de ser contemplados como meros clientes receptores de la información del capital económico y del poder político, convirtiéndose en sujetos con derechos constitucionales.
La batalla iniciada en 2016 con los lineamientos del hoy extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones y resuelta por la Suprema Corte en 2022 dejó clara la fragilidad de la frontera entre tutelar a las audiencias y someter la línea editorial.
Hablando de premios y castigos a los medios, aparece el caso Sonora. López Obrador repitió hasta el cansancio que se había terminado el uso del dinero público para comprar conciencias, fabricar aplausos y castigar voces incómodas.
Edición correspondiente al domingo 9 de agosto de 2026.
Sin demérito del control de la gestión pública del Congreso sobre el IFT y el SPREM, el acceso a la información pública de una y otra, pero enfatizo el segundo, es lo que permitía el control indirecto de su objeto constitucional.
Existe una guerra encarnizada entre los Murat y el gobierno actual que pocos quieren ver. El octogenario ex gobernador, que fue capaz de atentar contra sí mismo, y su hijo Alejandro libran una disputa feroz con el actual mandatario.
La televisora mexiquense, junto con Canal Once y el 22, se convirtió por meses en un instrumental propagandístico para Morena y electoralmente en beneficio de la candidata Sheinbaum.
Antes exigían libertad de expresión,ahora quieren administrarla. El problema para la 4T no es la desinformación, su problema es que ya no controla el relato.
La libertad de expresión posee una dimensión individual y otra colectiva, que garantiza a la sociedad el acceso a información diversa y al debate público. Los derechos de las audiencias surgen precisamente de esta segunda dimensión.
Se trata de expresiones que muestran las profundas coincidencias entre los extremos políticos para alcanzar un mismo fin: restringir la libertad de elección y conservar el poder a cualquier precio.
Esta situación pone de relieve un problema de origen en el sistema de justicia. Cuando una resolución absolutoria se dicta sin la solidez metodológica y probatoria necesaria para disipar la duda pública, la deficiencia abre una rendija legítima para el cuestionamiento periodístico.
Publicado por Libros UNAM, este título se inscribe en la tradición del ensayo como un espacio de libertad.
