Comunitarios en conflicto
El sector privado está insistiendo en la necesidad de establecer una oficina de manejo de crisis para evitar repercusiones negativas sobre los destinos turísticos guerrerenses.
El sector privado está insistiendo en la necesidad de establecer una oficina de manejo de crisis para evitar repercusiones negativas sobre los destinos turísticos guerrerenses.
De acuerdo con reportes de seguridad, esta entidad es la 17 en donde el cártel de Sinaloa mantiene una importante presencia tanto por los cultivos como el tráfico de los enervantes.
En la gran mayoría de los casos solo hay el levantamiento de carpetas de averiguación previa sin alcanzar resultados. Al igual que en el pasado la FGE funciona como una oficialía de partes.
Astudillo Flores presentó una impugnación ante 26 de diciembre a la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la reforma aprobada…
La rápida expansión de las plantaciones de hoja de coca en el estado de Guerrero, al sur de México, es el indicio más reciente de que los grupos criminales están experimentando con la producción de coca en dicha zona montañosa.
Ni la mayor presencia policiaco militar o la instalación de Bases de Operación Mixtas (BOM) y de agencia de ministerio público inciden en una disminución de los hechos de violencia y asesinatos.
uentes de la Fiscalía General del Estado revelaron hubo una discusión dentro del bar, y se presume que alguno de los involucrados avisó a más personas que llegaron y dispararon a los hombres con los que peleaban.
Pero la problemática de salud en la entidad está afectada por el rezago en el desarrollo que arrastra desde hace décadas, las limitaciones presupuestales de los gobiernos estatales y la corrupción de funcionarios y de sindicalizados.
Sin embargo, durante el décimo mes del año, en Guerrero hubo un aumento en las víctimas de homicidios dolosos en comparación con septiembre pues se registraron 138 víctimas de homicidio doloso.
Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue contundente al señalar con su afirmación: la construcción de narrativas que no están corroboradas y técnicamente comprobadas “son un asunto cruel”.
La Secretaría de Seguridad Pública, presentó un informe durante una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual se concluye que el hecho fue perpetrado por la delincuencia organizada, relacionada con la ”Familia Michoacana” y concretamente se hizo referencia de la autoría intelectual a José Alfredo Hurtado Olascoaga, mejor conocido como “El Fresa”, junto con su hermano Johnny, alias “el pez”, pero no pasó de ser más que un anuncio.
Además, se multiplican las discrepancias y se aumenta la polarización. Los factores político electorales interfieren y las posibilidades de lograr la prometida justicia en el caso se diluyen.
La adición al Código Penal consiste en incluir en el capítulo de “Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad” la cohabitación forzada, y a quien la promueva se le impondrá de 5 a 15 años de prisión.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el caso de San Miguel Totolapan, además de las acciones de los grupos autollamados policías comunitarios, indican otra realidad.
También se investiga el video en el que José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocido como El Fresa, líder de Familia Michoacana, aseguró que el atentado estaba dirigido en su contra y que ya acabó con todos los que participaron en los ataques.
De acuerdo al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía se trata de la disputa entre grupos delictivos de “los Tequileros” y la “Familia Michoacana” cuyas cabezas “el pez” y “el fresa” serían responsables de estos eventos.
Desde que se dio a conocer el informe de la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa, de nueva cuenta se ha venido tejiendo una conjunción de intereses políticos con el gremio magisterial.
Jorge Sánchez Allec, presidente municipal priista de Zihuatanejo, comentó escuetamente que el asunto ya estaba en manos de las corporaciones encargadas de la seguridad pública.
En la actualidad el problema se complica por las acciones violentas de bandas del crimen organizado que buscan control territorial sobre zonas de cultivo y trasiego de enervantes y de las personas para trabajos forzados.
Son 479 familias víctimas, con un total de mil 723 personas de los municipios de Coyuca de Catalán, Zitlala, Chilapa de Álvarez, Apaxtla de Castrejón, San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo y Zirándaro de los Chávez.