En el período transcurrido de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, cada día han sido privadas de la vida con violencia prácticamente 10 mujeres, y también cada día han desaparecido 26 mujeres.
En primer término, baste recordar que en la doctrina de la separación de poderes, el Congreso tiene la responsabilidad fundamental de ser el contrapeso político del Ejecutivo.
Se ha señalado varias veces, el Ejecutivo Federal confundió el resultado de una elección democrática con el triunfo de un movimiento revolucionario.
La cuestión por dilucidar estribaba en la capacidad de los gobiernos encabezados por ejecutivos de Morena y sus aliados, y ese partido mismo, para movilizar a sus partidarios, simpatizantes y beneficiarios a las casillas.
Nada es nuevo, pero los contornos aparecen con mayor claridad en el tránsito hacia los momentos en los cuales la expresión popular se desvincula del otorgamiento del mandato, para buscar disfrazarla de soporte para lo inexistente.
En la diversidad política pensar distinto es la característica dominante, acompañada de los métodos e instrumentos para que las diferencias no impliquen exclusión, ni la intolerancia cancele el mosaico de las ideas y las propuestas.
Colosio Murrieta, como activo político del régimen, fue nombrado por el presidente Salinas de Gortari para asumir la recién creada Secretaría de Desarrollo Social, responsable -entre otras materias- de las políticas en contra de la desigualdad social y la pobreza.
El sistema de Morena (quienes están en el gobierno, los grupos parlamentarios o el partido) ha promovido y promueve la tergiversación de la figura para impulsarla como un voto para que continúe el Ejecutivo.
Vale señalar que esta derivación no fue avizorada por el Ejecutivo de la Unión, quien hasta antes de los hechos y sus implicaciones, parecía identificar bien la personalidad y el carácter de las personas a quienes invitó a colaborar.
La razón parece clara, no se trata de colaboradores, partidarios o incluso parientes sin mayor relevancia en los asuntos públicos, sino del hijo del presidente de la República.
Quien hizo un compromiso público no cumplió. Y no es complicado —administrativamente hablando— que un partido opte por dejar de recibir el financiamiento público que le corresponde, o una parte del mismo.
La confrontación y la división han sido los planteamientos emanados de Palacio Nacional para la rendición de quien disienta o, al menos, su sujeción a las intimidaciones del poder presidencial y sus ramales.
Quizás el saldo más peligroso de esta gestión presidencial es el ánimo de suplir la acción gubernamental con el programa matutino de información y opiniones gubernamentales que concibe, produce, dirige y conduce el presidente de la República.
Con esos antecedentes y lo avanzado de los tiempos políticos del período 2018-2024, parece necesario que las oposiciones pasen a un nuevo tiempo, particularmente las ubicadas en las dirigencias partidarias y los grupos parlamentarios.
En cualquier formación política estatal la salud de la persona titular de las funciones ejecutivas máximas es un asunto relevante, pero lo es aún más en un Estado democrático de derecho.
Cuando se afirma el compromiso por actuar en contra de la corrupción y para combatir la impunidad, la congruencia es valor fundamental. Hablar es fácil; cumplir es ser congruente.
El SARS-CoV2 sorprendió al mundo en diciembre de 2019 y ha estado condicionando muchas de las actividades en el planeta a partir de entonces.
A partir de la estrategia de campaña permanente desde el Palacio Nacional, a lo largo de estos tres años se ha construido un clima de confrontación con el pasado de la reordenación de la economía y el equilibrio en las finanzas públicas.
Entre los compromisos concretos de gran magnitud que admiten la evaluación objetiva a través de distintas mediciones, está el compromiso 13: “Se hará realidad el derecho a la salud”.
Con las imperfecciones propias de un acuerdo complejo para evitar el mal mayor de la propuesta presidencial en la euforia del inicio de su gestión, lo que el Ejecutivo de la Unión se niega a honrar es el texto constitucional.
