El problema se presenta en virtud de que, para efectos de la verificación de identidad, la facultad del SAT abarca la disposición de las bases de datos proporcionados por los usuarios consistente en datos biométricos…
Desde luego que el efecto inmediato de la forma democrática de acceder al ejercicio del poder es la exigencia del principio democrático en el desempeño de las funciones y en la rendición de cuentas de la gestión.
Para el logro de estos objetivos, según los postulados de la Asociación, es necesario: reconocer la importancia fundamental de la igualdad de género; utilizar la ley como el mejor camino para integrar a las mujeres en la sociedad…
De las madres, la primera
es la Corte, la Suprema
defenderla no es quimera
detonarla es anatema.
En estas circunstancias, fue preciso reflexionar sobre el trabajo legislativo que implicará ajustar el sistema que hoy se entiende debe regular a la GN, ajena al fuero militar…
Gran mérito tienen las oposiciones en el Senado agrupadas bajo el denominado Bloque de Contención -que surgió cuando rechazaron la reforma constitucional de 2018 que planteaba una Guardia Nacional (GN) de carácter militar- al recurrir a la Corte…
La Corte analizó el traslado de facultades de mando y cambio de adscripción de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a SDN.
En el caso el TCC consideró que sí existe afectación a su interés legítimo, al plantearse una afectación indirecta a los intereses colectivos del gremio de los licenciados en homeopatía, que no son médicos homeópatas…
La libertad de expresión, ya lo ha dicho la Corte, además de ser inherente al ámbito individual de la persona, también tiene una perspectiva que trasciende al ámbito público, político y social…
El Plan B del Ejecutivo, un mero capricho. Los mexicanos defendemos el Estado de derecho. Más que defender al Instituto Nacional Electoral (INE) los mexicanos defendemos la democracia y el estado de derecho; pugnamos por el respeto a las instituciones y reclamamos que el partido en el poder legisle en absoluto respeto a los preceptos Seguir Leyendo
El planteamiento de una nueva constitución no era empresa fácil, sobre todo si el levantamiento revolucionario tuvo como postulado el cumplimiento de la constitución de 1857, según lo estipulado en el Plan de Guadalupe.
Inconformes los demandados interpusieron recurso de apelación, en el que se confirmó la sentencia de primera instancia y se les condenó, además, al pago de gastos y costas.
La ministra Piña Hernández acaba de abrir una pesada puerta enmohecida por el paso de más de dos siglos. Esta es la victoria más grande que en el rubro de la justicia mexicana se ha proclamado para las mujeres.
El resultado es tan ajeno a la intención presidencial que la fuga es hacia reprochar a quienes votaron por el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para simular que se prefería -descartada la señora Esquivel- a la ahora presidenta de la Corte.
Me salto el enredo de equívocos de una semana para tratar de eludir lo que ya está reconocido por muchos, incluido el Ejecutivo de la Unión y la aspirante a presidir la Corte: estamos ante un plagio intelectual.
El solo contraste de ambas páginas revela lo burdo del plagio cometido por Yasmín, pues copió textualmente incluso el error en redacción de Edgar: “la crisis económica actual, año de 1987”, y solo le cambió el año: 1987.
En la sentencia de 1ª. instancia, el juez absolvió al demandado del pago del daño moral reclamado, declaró que la sentencia no le causaba perjuicio alguno a la aseguradora y condenó a la sucesión actora al pago de gastos y costas.
En el caso que se comenta, dos Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a criterios distintos al analizar los artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) que regulan la legitimación de una Sociedad Civil para promover Acciones Colectivas.
Tanto el juez de primera instancia como el tribunal de apelación absolvieron a la demandada, por considerar que la demanda era obscura y los hechos narraban algunas inconsistencias.
Este reconocimiento busca reconocer, destacar y ampliar las políticas públicas gubernamentales e iniciativas del sector privado y la sociedad civil que promuevan el aumento del número de mujeres en posiciones de liderazgo.
