Rescatamos el rechazo abrumador a las denuncias y percepciones de corrupción de la gestión 2012-2018 (con el acumulado de decenios previos), la pervivencia de las finanzas públicas sanas con ingresos precarios para la mayoría de la población.
En efecto, en la Cámara de Diputados tardaron más tiempo en “armar” el proyecto de Decreto aprobado en la madrugada del 7 del actual que en la deliberación efectiva en el Pleno.
Si el resultado no se alcanza, si el objetivo no cristaliza por razones enraizadas en el ánimo de plegar a los demás al deseo adelantado, los hechos han de desdeñarse con la acción inmediata para que la propaganda retome su papel.
Hay un paralelismo entre ambas expresiones de ciudadanía: una es la razón expresada y otro el objetivo de fondo. En el 13N es la defensa del INE y dos semanas después la defensa de la gestión presidencial.
Es, sin duda, el pronunciamiento más claro de lo que el orden legal establece como un acto anticipado de precampaña. Sin embargo, no es el único caso de personas destacadas en pos de figurar en la boleta de los comicios presidenciales de 2024.
Las marchas han acreditado varios elementos de la evolución política entre el sistema de partido hegemónico e incluso de partido dominante, y la convivencia política plural con la sujeción a la ley del acceso a los cargos electivos.
De hilaridad, pero en ese presidencialismo el alineamiento primario y las designaciones iniciales despertaban las especulaciones sobre la persona que podría recibir la postulación a la candidatura presidencial en el momento culminante.
Se siembran los temas, se multiplican los distractores cuando surge alguna cuestión que puede capturar la atención nacional y se expande y difunde la narrativa desde el programa matutino de información gubernamental.
Estos son los antecedentes inmediatos para dar contexto al inicio de los trabajos en la Cámara de Diputados sobre el tercer interés presidencial de modificaciones constitucionales: la reforma electoral.
Paradoja que tiene implícito un saldo positivo, así los destinatarios de “esa ley” tengan conductas generales de baja cultura de la legalidad, en esa cuestión sí reclamarán el imperio de la ley, que sea eficaz su ejecución, que se cumpla.
Un saldo preocupante porque se revela y revelará información que debía ser pública y no se incluye como tal, y también información reservada por razones de seguridad nacional que puede debilitar y dañar a las estructuras gubernamentales.
Una centuria de lucha por el poder que arriba al saldo del hombre indispensable con un gobierno aparentemente fuerte en un Estado cohesionado por el triunfo sobre las ambiciones extranjeras, pero en realidad débil.
Sin embargo, el intento de borrar las instituciones públicas del pasado no se limita a ese ámbito, sino que incide en las estructuras fundamentales del Estado mexicano, marcadamente las de carácter político.
¿Qué ocurrió? Si 43 integrantes del Senado (un tercio de su conformación) rechazan la minuta, ésta debe devolverse a la otra cámara para que allí se defina si insiste en su propuesta.
Desde luego que nadie tenía en el horizonte la aparición de la pandemia del nuevo coronavirus y sus consecuencias para el funcionamiento del mundo y las actividades políticas, económicas, sociales y culturales de cada nación.
Es una norma relevante porque forma parte del engranaje de acuerdos y compromisos políticos de la pluralidad inscritos en las modificaciones constitucionales de ese Decreto.
Si se delineó ese curso de acción, no sorprende que el movimiento ocurra en ese sentido; sólo se confirma la plasticidad que pretende otorgarse al texto constitucional, para que el significado prístino de las palabras tenga otro sentido y otro alcance.
En todo sentido, la prisión del imputado durante el proceso, por norma constitucional, constituye la negación de derechos humanos y de principios para la conducción de los asuntos públicos.
Hace tiempo que está registrado en nuestra sociedad el mensaje más claro: las normas -desde luego las constitucionales- no atan ni limitan al inquilino de Palacio Nacional, porque su mandato popular está por encima de esas disposiciones.
¿A qué se deberá esta actitud? ¿Será el ingenio de sus asesores y consultores jurídicos —hasta ahora en gran duda— para darle la vuelta a la Norma Suprema?
