Otra verdad que se derrumba
Además, se multiplican las discrepancias y se aumenta la polarización. Los factores político electorales interfieren y las posibilidades de lograr la prometida justicia en el caso se diluyen.
Además, se multiplican las discrepancias y se aumenta la polarización. Los factores político electorales interfieren y las posibilidades de lograr la prometida justicia en el caso se diluyen.
Desde que se dio a conocer el informe de la comisión de la verdad del caso Ayotzinapa, de nueva cuenta se ha venido tejiendo una conjunción de intereses políticos con el gremio magisterial.
La verdad “histórica” se derrumbó. El gobierno la quiso “superar” con un Informe de la llamada Comisión de la Verdad que encabeza Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
“Los abogados de los militares salieron que no tuvieron oportunidad de conocer cual la imputación en concreto, y dudan de la veracidad de dichos mensajes porque nadie tenia conocimiento o no fueron objeto de prueba”.
Asirse a la consigna “vivos los queremos” no solo es un aliciente para mantenerse en una espera sin fin. Es también un mecanismo de articulación social opuesto a cualquier acción gubernamental.
El Comité Ejecutivo Ricardo Flores Magón, y la Sociedad de Alumnos de la Normal Rural “Isidro Burgos” a través de un video repudiaron que el gobierno sostenga que no hay indicios de que los 43 estudiantes sigan con vida.
Obviamente, sabemos que el discurso político, el discurso partidista pocas veces es uno que sea responsable sobre todo en estos contextos, que se haga cargos de los hechos de manera objetiva y respetando el debido proceso.
En la víspera de cumplirse ocho años de esos hechos, Ayotzinapa vuelve a la palestra por la sencilla razón de que sus 43 normalistas también votan y pueden hacerlo en contra del partido que forma parte de la alianza.
Los reclamos fueron airados, las muestras de indignación proliferaron y entre líneas, algunos liderazgos marcan la necesidad de hacer acciones más radicales para esclarecer los ocurrido durante la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
En ese año trascendió que la propuesta del Ejecutivo es desaparecer el sistema de internado y comedor y del señalamiento de la existencia de “cacicazgos” y “corrupción” al interior estas escuelas de cogobierno estudiantil.
Benítez Palacios formaba parte de “Los Tilos”, brazo armado de Guerreros Unidos que operaba en Iguala, con la complicidad de la policía municipal de ese municipio, y presumiblemente de otras corporaciones de seguridad.
Aunque el gobierno actual ha mostrado voluntad por esclarecer los hechos, a la fecha no se conoce aún la verdad de lo ocurrido aquel 26 de septiembre del 2014 y eso, aseguran, es una herida que no puede cicatrizar.
Jorge Zuriel de los Santos Barrila, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que en la sesión de la Mesa de Coordinación el fiscal de Guerrero, confirmó que la noche del lunes en Cuernavaca, Morelos, “fue ultimado Moisés el Bandam, considerado como uno de los objetivos prioritarios en Guerrero y presunto líder del grupo delictivo Guerreros Unidos que incide en el municipio de Iguala”.
“Ellos se encuentran molestos porque dicen que ya se hicieron las investigaciones, ya trajeron a la PGR, a los famosos expertos internacionales y se dieron cuenta que la autoridad militar no tuvo absolutamente nada que ver”.
Mucha de la información que hoy se hace pública se basa en la investigación que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) la cual, se contrapuso a la anterior “verdad oficial” y fue ignorada para que ya no creciera el malestar y la protesta, y los padres y madres no aglutinaran un movimiento que pusiera en entredicho la forma como gobernaba el presidente Enrique Peña Nieto y frenar la consigna de que fue el Estado, insistió el director de Tlachinollan.
Las nuevas disposiciones en torno a la investigación sobre el paradero de los normalistas están reconstruyendo el escenario que se vivió entre 2014y 2015 en Guerrero
“Es uno de los temas que hay que dilucidar y deslindar, para conocer cuales fueron las instrucciones que dio el presidente Peña Nieto, porque en ese tiempo la PGR no era autónoma y el procurador seguía las instrucciones del presidente”.
Hay instituciones que “no caminan en parejo con la voluntad de solucionar el caso de los 43, aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su voluntad expresa de que se haga todo lo necesario para que el caso se resuelva, ellos simplemente hacen como que las virgen les habla”, sostuvo el abogado de los padres de los 43.
El documental “Hasta los dientes” expone a unos militares con nulo conocimiento de la seguridad pública.
Los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa responsabilizaron a Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero, de reprimir violentamente la protesta pacífica de los jóvenes y provocar la muerte de dos manifestantes, por lo que exigieron su dimisión.